Desde el penal de Mariona, el expresidente Elías Antonio Saca declaró vía video llamada, en el juicio contra su esposa desarrollado en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, donde aseguró que ni ella ni su cuñado Óscar Mixco tenían conocimiento del dinero que Casa Presidencial desviaba a sus empresas, entre ellas Grupo Radial Samix, pero confesó que, Ana Ligia recibió sobresueldos por $10 mil mensuales en calidad de secretaria nacional de la Familia durante su gobierno (2004-2009).
El exmandatario dijo que en las empresas Promotora de Comunicaciones y Grupo Samix él tomaba las decisiones administrativas entre los años 2004 al 2009.
No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que tienen pruebas para demostrar que la exprimera Dama de la República tenía conocimiento del desvío de dinero. Una de las pruebas son cheques firmados por Ana Ligia de Saca.
El juicio contra Ana Ligia de Saca se instaló el pasado 2 de febrero por el delito de lavado de dinero y activos. Llegar a esta fase tomó más de 16 meses, debido a diversas peticiones por parte del equipo legal de la exprimera dama, para solicitar un proceso abreviado en el que ella confesara su participación en una red de corrupción que benefició a su esposo, el expresidente Elías Antonio Saca, a cambio de una pena de tres años de trabajo comunitario.
En una entrevista concedida el año pasado, el fiscal general Raúl Melara, explicó el trato fue rechazado, ya que se impuso como condición que la procesada devolviera $17.5 millones, que fueron extraídos de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, durante la gestión presidencial de su esposo (2004-2009).
El fiscal del caso aseveró que se cuenta con declaraciones de testigos y expertos financieros, que dan cuenta como fondos públicos fueron extraídos y transferidos a cuentas personales de exempleados de Casa Presidencial, por parte de la red integrada por Ana Ligia de Saca.
A diferencia de años anteriores, en los que la exprimera dama lucía demacrada cuando asistía a audiencias judiciales, en esta ocasión se le notó con un mejor aspecto. Desde el momento que inició el proceso en su contra, a finales de 2016, ha cumplido medidas sustitutivas al arresto.
Durante un receso en la audiencia, la exprimera dama evitó dar declaraciones a la prensa, mientras era custodiada por su séquito legal, el mismo que propuso a la Fiscalía un proceso abreviado en el que confesara sus delitos, y que ahora dijo que demostrará la inocencia de su representada.
De ser encontrados culpables, los implicados se enfrentarían a penas de entre cinco y 15 años de cárcel, sostuvo el representante de la Fiscalía.
